Tras un verano copado en política por los procesos internos del PSOE y las citaciones judiciales del PP, Ciudadanos ha comenzado el curso político reivindicando la puesta de marcha de una de sus medidas estrella: la limitación de mandatos.
Esta medida propone, reformando la Ley de Gobierno, que un ciudadano sólo pueda ser candidato a la presidencia si no ha cumplido 8 años en el cargo. Según lo cual, de terminar esta legislatura, Mariano Rajoy no podría ser candidato de nuevo.
Para Albert Rivera, es una medida “que sigue la estela de países de nuestro entorno”. Pero, ¿es esto cierto?
Los 3 tipos (principales) de sistemas políticos
Bien, comencemos por hacer un breve repaso a las características de cada uno de los grandes sistemas políticos democráticos:
Sistema parlamentario: El Parlamento elige al jefe de Gobierno (llámese Presidente, Primer Ministro,…) y el jefe del Estado es elegido por diferentes fórmulas entre personas de prestigio, es una figura simbólica. En el caso de las monarquías, es hereditario. Es el modelo británico, italiano, griego, alemán o español.
Sistema presidencialista: El jefe del Gobierno y el jefe del Estado son la misma persona y es elegido directamente por los ciudadanos, respondiendo ante ellos y no ante el Parlamento, que aprueba o no sus leyes. Es el modelo todo el continente americano.
Sistema semipresidencialista: Es una fórmula mixta que se inventó De Gaulle para la V República Francesa. El jefe de Gobierno es elegido por el Parlamento y el jefe de Estado por los ciudadanos directamente. Es un modelo que comparte con Portugal.
Teniendo esto en cuenta, ¿dónde existe limitación de mandatos? Es una medida que se creó para los sistemas presidencialistas, como Estados Unidos o Ecuador. Por eso Clinton, Bush u Obama (en el caso estadounidense) o Rafael Correa (en el ecuatoriano) no podían optar a la reelección.
El objetivo era que, como el Presidente no era controlado por el parlamento, estuviera limitada su reelección por ley, ya que responde ante los ciudadanos directamente.
Limitación de mandatos en los sistemas parlamentarios
¿No hay entonces limitación de mandatos en los sistemas parlamentarios? ¡Claro que los hay! Pero siempre para el jefe del Estado. A pesar de ser una figura simbólica, en Alemania o Italia no se permite que el Presidente de la República permanezca en el cargo más de dos mandatos consecutivos.
Nunca se ha establecido, a pesar de que así lo diga Rivera, una limitación de mandatos para el jefe de Gobierno en estos sistemas, por una cuestión muy simple: es el Parlamento quien puede echarle en cualquier momento (siempre que den los números, claro).
Existe acuerdo, pero gracias a Rajoy
No, el Partido Popular no apoya la medida. Sin embargo, el hecho de que la misma impida una reelección de Rajoy, hace que exista acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y Podemos.
En el caso de Ciudadanos, aparecía en su acuerdo de investidura con el PP (punto 96). En el del PSOE, en su programa electoral. Y en el de Podemos, han anunciado que lo apoyarán.
Una medida más en la que la oposición parlamentaria de pone de acuerdo. Sin embargo, ¿qué sentido tiene? Existiendo cámaras que lo controlen, el Presidente del Gobierno puede estar en el cargo durante más de 8 años de manera higiénicamente democrática. Se asume desde el principio que estar durante más tiempo en el cargo supone corrupción y una suerte de dictadura.
Felipe González tuvo casos de corrupción tras 14 años en el cargo, Aznar, con sólo 8, también. Y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras 24 en la Junta de Extremadura, ninguno.
Por todo ello, no sólo es que Albert Rivera nos mienta con los países de nuestro entorno (cuyos ejemplos nunca pone), sino que la oposición se ha unido en torno a una medida que carece de sentido en nuestro sistema y con la que intentamos destacar y ser ejemplo.
Tenemos numerosas instituciones que requieren de regeneración democrática de manera más urgente, como son Red Eléctrica, el Tribunal Constitucional o Radio Televisión Española.
Un paso más en la política enfocada a más a los titulares en medios de comunicación que a la eficiencia política y la higiene democrática.
