El desconocimiento de nuestro sistema político y, por ende, electoral o incluso democrático, es un mal endémico que muy pocas ocasiones se ha intentado atajar por parte de las diferentes reformas educativas.
Podemos entrar en el debate de todas las cosas que deberían enseñarse en las aulas durante la enseñanza obligatoria, pero si hay algo que nos atañe a todos como ciudadanos es saber cómo funciona el sistema del que formamos parte como resortes indispensables.
Conocer cómo se elige a los diputados, cómo funciona el Senado, qué lista gobierna en el caso de no haber acuerdo en un ayuntamiento… son desconocimientos que, en muchos casos, se aprovechan por parte de los tergiversadores de la realidad mediática y por los partidos que en ese momento se puedan ver beneficiados por la situación de desconcierto.
La propuesta de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular para que haya un pacto que permita gobernar a la lista más votada sistemáticamente se alimenta de todo ello.
Los sistemas parlamentarios se concibieron para que las mayorías, formadas por uno, dos o quince partidos, fueran las encargadas de ejercer el poder. Otro tema es cómo el uso de las fórmulas para convertir los votos en escaños, como el sistema D’Hondt (que ya explicamos en su momento en Voz Paralela), permitiera que esas mayorías fueran más o menos plurales.
Nuestro país no es un caso perdido, ¡ni mucho menos! Países como Bélgica o los Países Bajos tienen en su ADN democrático gobiernos formados por 3 o 4 partidos que no necesariamente han ocupado las primeras posiciones en el arco parlamentario.
¿Es esto justo? A priori, sí. Pongamos un ejemplo muy sencillo y neutro: un partido conservador gana y ocupa el 40% de los escaños. En segundo lugar, un partido socialdemócrata obtiene el 30% y un partido de izquierda verde otro tanto por ciento.
Tendríamos un parlamento con un 60% de escaños ocupados por la izquierda, lo lógico es que el ejecutivo resultante lo sea, aunque hayan quedado en segunda y tercera posición, ¿no?
Esto es lo que sucedió en varias comunidades autónomas en 2019: la entrada en el tablero político de Vox dispersó el voto conservador en un sistema que premia la unidad. De este modo, el PSOE consiguió colocarse como primera fuerza en territorios tan históricamente hostiles como la Comunidad de Madrid, Castilla y León o la Región de Murcia.
Sin embargo, y siguiendo la lógica de nuestro sistema democrático, en esas tres comunidades el acuerdo del PP, Ciudadanos y/o Vox logró encumbrar a Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras como presidentes de sus respectivos territorios. Lo que la derecha ha calificado muchas veces, cuando no el beneficio no era propio, de «pacto de perdedores».
Estos «pactos de perdedores» no es que respondan a la lógica del sistema, sino a su propia viabilidad. El nombramiento del ejecutivo (ya sea nacional, autonómico o local) es sólo el primer paso de un largo trayecto que se extiende, en principio, por cuatro años. Cuatro años en los que hay que aprobar leyes u ordenanzas, convalidar decretos y, sobre todo, sacar adelante presupuestos.
¿Qué sentido tiene entonces un formal «pacto de caballeros» en el arranque de la legislatura o mandato si la aprobación de todo lo que vendrá después va a ser un calvario legislativo donde la inestabilidad se lleve por bandera?
Al final, todo parte del mismo punto: el injusto sentimiento patrimonialista de la política por parte de la derecha, la posibilidad de retorcer todos los resortes legales e incluso constitucionales para que, pase lo que pase, sean quienes detenten el poder.
