Lamentablemente América Latina se ha convertido en una zona crítica de la pandemia: varios países de la región tienen actualmente una de las tasas de infección per capita y el número de casos en términos absolutos más elevados del mundo. La crisis causada por la pandemia del coronavirus provocará en América Latina fuertes recesiones y un incremento en la desigualdad sin precedentes recientes.
Los impactos sociales de la pandemia se harán sentir de manera aguda, con un marcado aumento del desempleo, la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad. Según datos de CEPAL recientemente publicados:
- El desempleo aumentará del 8,1% (2019) al 13,5% (2020). Esto elevará el número de desempleados en la región a más de 44 millones de personas, lo que significa un incremento de más de 18 millones de personas respecto a 2019.
- Se prevé que la tasa de pobreza aumente 7,0 puntos porcentuales en 2020, al 37,2%, un incremento de 45 millones de personas (230 millones de personas en total).
- Se prevé que la extrema pobreza aumente 4,5 puntos porcentuales, al 15,5%, lo que representa un incremento de 28 millones de personas (96 millones de personas en total).
- Se prevé que el índice de Gini promedio regional aumente un 4,7%.
América Latina enfrentará niveles de contracción de la actividad económica inusuales que generarán un retroceso social y económico que pone en serio riesgo todos los avances ganados en décadas.
A pesar de lo abrumador de estas cifras, la gestión de la crisis del coronavirus en América Latina puede abrir un espacio de reflexión sobre la efectividad y calidad de la gobernanza regional y las áreas de mejora que deberían trabajarse. La pandemia y la crisis nos hace pensar en, al menos, 3 grandes áreas de discusión:
Reflexión #1: El impacto de la pandemia exacerbó los problemas preexistentes en las democracias
El clima de inestabilidad social del año pasado en varios países de la región, cristalizado en varias protestas sociales, fue impulsado por un profundo descontento social, aspiraciones sociales frustradas, una vulnerabilidad persistente y una pobreza creciente. Podría decirse que estábamos viendo una “crisis vivencial de nuestras democracias” en donde la falta de innovación y de respuesta a las demandas de la ciudadanía provocó un descontento generalizado con las instituciones y los sistemas políticos latinoamericanos. Esto se vio reflejado en un aumento de la desafección política y en una mayor demanda de participación ciudadana en la toma de decisiones.
La pandemia está golpeando una región con desigualdades que ya eran profundas antes de la crisis de la pandemia. América Latina mostraba altos niveles de trabajo informal, de servicios de salud fragmentados y una falta de políticas sociales de protección, por ejemplo, solo el 34,2% de las personas del decil de ingresos más bajos están cubiertas por un plan de seguro de salud. Sumado a esto, la pandemia puede traer nuevas desigualdades producto de la calidad del empleo, abriendo una brecha entre quienes pueden mantener sus ingresos gracias al teletrabajo y quienes no.
Olvidar el punto de partida y los problemas pre-existentes en las democracias latinoamericanas es un error a la hora de pensar el nuevo escenario que enfrentan los gobiernos frente a la crisis de la pandemia.
Reflexión #2: América Latina necesita una nueva forma de hacer política
La crisis producto del COVID-19 es mucho más que una crisis de salud: pone a prueba a cada uno de los países que toca, y tiene el potencial de crear crisis sociales, económicas y políticas devastadoras. Además, es terreno desconocido.
Los gobiernos, los organismos multilaterales, el sector privado, actores de la sociedad civil en general deberán tomar decisiones sin precedentes. Estas decisiones deberán estar orientadas, al menos, en 2 ejes fundamentales:
- Políticas Públicas Ambiciosas que busquen el bienestar y la igualdad
Los planes de recuperación de la pandemia deberían buscar la transformación del modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe, fortaleciendo al mismo tiempo la democracia, salvaguardando los derechos humanos y preservando la paz, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los planes también deberían fortalecer la gobernanza democrática, el estado de derecho, la rendición de cuentas y la transparencia en una democracia sustentada en un pacto social que asegure la legitimidad, la inclusión y la eficacia de la política pública, así como la participación de las comunidades locales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres y de jóvenes.
- Abordar una nueva estrategia de desarrollo incorporando los desafíos de este siglo: medio ambiente, digitalización y economías interconectadas
La sostenibilidad ambiental, impulsada por la Agenda 2030, debería ser la base de un relanzamiento de la cooperación multilateral, en particular en los países en desarrollo. Los desafíos cruciales a nivel mundial —como el cambio climático, la movilidad humana, la pandemia o la lucha contra las corrientes ilícitas de capital— exigen nuevas formas de gobernanza. Debe evitarse la austeridad, ya que dificulta la inversión y el cambio tecnológico.
Las políticas industriales y tecnológicas, mediante un gran impulso para la sostenibilidad, deberían ayudar a situar a los países en una senda de crecimiento con bajas emisiones de carbono; promover el trabajo decente y la transición a las energías renovables; fortalecer las capacidades en materia de salud y de tecnologías digitales y verdes, y reducir la vulnerabilidad a nuevos choques. También deberían ayudar a preservar la rica biodiversidad de la región y apoyar la transición hacia sistemas agrícolas y forestales más inclusivos y respetuosos de las comunidades locales y del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales.
La integración económica regional es un instrumento importante para apoyar la diversificación productiva, la resiliencia económica y la cooperación regional en materia de financiamiento de la investigación, la ciencia y la tecnología.
Reflexión #3: La transversalización de la perspectiva de género en la respuesta a la pandemia
La crisis afectará más gravemente a las mujeres, ya que estas representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación, el 72,8% de la fuerza de trabajo en el sector de la atención de la salud y es más probable que trabajen en ocupaciones informales que los hombres. La desigualdad de género es una de las desigualdades más persistentes y extrema de la región y esta pandemia ha dejado claro que la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una deuda pendiente de la democracia.
El confinamiento ha significado una presión adicional sobre las mujeres como cuidadoras principales, al tiempo que ha aumentado la incidencia del feminicidio y otras formas de violencia sexual y de género. De repente, se ha hecho visible el trabajo de los cuidados, siempre invisivilizado y aparentemente, de ningún valor. Sin embargo, las tareas del cuidado son centrales para la sociedad y también para el mercado, aunque a menudo se ignore que toman mucho tiempo y esfuerzo.
Las encuestas de uso del tiempo en América Latina y el Caribe muestran que las mujeres dedican entre 22 y 42 horas a la semana al trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, tres veces más que los hombres (CEPAL, 2020a). Al no haber una distribución equitativa de las tareas del cuidado esto también acaba sobrecargando a las mujeres al permanecer más tiempo en sus hogares.
Además, al contrario de lo que se piensa, el hogar es un lugar de alto riesgo para el abuso sexual y la violencia de género. La gran mayoría de los casos de abuso en niños y niñas, así como los feminicidios, son perpetrados por familiares, parejas o exparejas. El confinamiento, por tanto, puede exponer a las mujeres y niñas a un mayor riesgo al verse aisladas y atrapadas con su agresor, sin acceso a recursos y opciones para salir de ese infierno.
En América Latina reconstruir mejor significa reconstruir con igualdad y la respuesta que los gobiernos de la región den a la crisis debería estar centrada en este valor. La igualdad contribuye a sostener los ingresos y la demanda agregada. El enfoque en la inclusión social contrarresta el aumento de la xenofobia y la estigmatización de los grupos marginados. La igualdad evita que el poder económico concentrado capture y distorsione las políticas públicas. Debería complementarse con esfuerzos para combatir la corrupción y la delincuencia organizada y con la presencia efectiva, responsable y eficaz del Estado.
