Durante esta semana, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, siendo uno de los puntos destacados del anteproyecto la regulación de los lobbys.
Castilla- La Mancha es la primera Administración Pública que entra a regular una cuestión, la de la influencia en el proceso de elaboración de leyes y demás disposiciones, que ya se encuentra convenientemente regulada en la Unión Europea y en un buen número de Estados de nuestro alrededor (sólo faltan Portugal y Grecia por hacerlo), pero en la que nuestro país no ha entrado aún, más allá de la aprobación en el Congreso de los Diputados en febrero de 2014 de dos resoluciones presentadas por CiU y pactadas con el PP, en la que se pedía la regulación de los lobbys, pero únicamente en sus relaciones con el poder legislativo, no con el ejecutivo. Posteriormente, a finales de 2014, el PP propuso formalmente la reforma del reglamento del Congreso, pero seguimos esperando que se lleve a cabo.
No podemos decir que la inactividad de la Administración venga motivada por el deseo de los profesionales de las relaciones institucionales (o lobistas) de que la situación continúe así, es más, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), organización de referencia en estos asuntos, es una de las más firmes defensoras de la regulación de los lobbys en España, pidiendo mayoritariamente sus asociados una regulación de la actividad mediante la aprobación un código de conducta igual para todos los lobistas y mediante un registro universal para tener acceso a los poderes legislativo y ejecutivo.
Decía Adolfo Suarez cuando tuvo que presentar el proyecto de reforma política para avanzar a la Democracia que era el momento de elevar a la categoría de normal lo que en la calle era simplemente normal, y no es otra cosa que esto lo que debemos hacer en España con los lobbys y su actividad. Es fundamental normalizar su situación, sacarles de la posición alegal en la que ejercen una actividad que se ha venido desempeñando siempre, sí, pero que hoy está totalmente profesionalizada. Elaboremos un código de buenas prácticas del lobista, creemos un registro que permita saber qué personas pueden acceder al poder legislativo y ejecutivo representando a qué empresas y organizaciones, obliguemos a los cargos públicos y funcionarios de las Administraciones Públicas a publicar sus encuentros con los representantes de los lobbys (sólo lo hacen UPyD, ICV, la Chunta Aragonesista y Compromis), de tal forma que cualquier ciudadano, si así lo desea pueda observar con quién se están reuniendo sus representantes y las personas que se encargan de tramitar la normativa.
Pero sobre todo, concienciemos a la población de que el lobbying es bueno, que lejos de ser una actividad oscura donde se influye más o menos según los billetes de 500 euros que se traigan en un maletín, es una actividad necesaria para la democracia, ya que es la mejor forma de incorporar a la sociedad civil en el proceso de creación de la normativa que nos rige cada día. La concienciación comienza por quitarnos esa imagen oscura que todos asociamos a la palabra, pero sigue por meternos en nuestras cabezas que los lobbys no sólo tienen que representar los intereses de los considerados “poderosos”, sino que las organizaciones que defienden el interés de la sociedad por encima de sus propios intereses también entran en el saco. Muchas organizaciones deben todavía profesionalizar su actividad de lobby y entrar en el juego para dar la batalla por esos intereses.
El próximo 20 de diciembre comienza una legislatura en la que, según lo previsto, nuestros representantes van a revisar muchas de las estructuras de convivencia que nos han regido durante años, así que por favor, no os olvidéis de los lobbys.
