Magdalenas contra la homofobia4 minutos de lectura

Madrid es una ciudad sucia. Con una responsabilidad compartida entre los contratos temerarios que firmó Ana Botella con las empresas de limpieza y una supuesta falta de civismo de la ciudadanía madrileña, meses después de que Ahora Madrid se hiciera cargo de la alcaldía las calles de la capital siguen llenas de desperdicios. Para tratar de paliar este problema son ya varias las reuniones entre la corporación municipal y la contrata sin que sea visible ninguna mejora, si bien se ha diseñado una interesante campaña para concienciar a la población de su parte de responsabilidad: carteles que recuerdan que los papeles deben ir a la papelera y no al suelo. Parece que el Ayuntamiento no hará nada más allá de mirarnos con desaprobación si no cumplimos unos mínimos de higiene, la misma de la que no terminan -no pueden, dicen, por los contratos- de responsabilizarse institucionalmente. Sálvese quien pueda.

Pero Madrid está mugriento también por otra cuestión. Se estima que al menos cada 48 horas se produce en nuestra región una agresión contra una persona lesbiana, gay, bisexual o transexual, y la respuesta institucional brilla por su ausencia. Nada más llegar al Ayuntamiento la esperanza rubia, Manuela Carmena, desplegó la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles, del mismo modo en que luego ha colocado pancartas en apoyo a los refugiados y contra las violencias machistas. Pero la Oficina contra los Delitos de Odios que se aprobó en el Pleno a propuesta del Grupo Socialista -mil gracias, Puri Causapié, por pensar en nosotros-, sigue sin ser desarrollada. Es más, en el proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Madrid para 2016 se incluye una partida de 143.000€ destinados al Colegio de Abogados de Madrid para ofrecer un servicio de orientación jurídica a víctimas de xenofobia, racismo, homofobia y transfobia,  pero sucede que es exactamente la misma cuantía que se destinaba a este programa en los Presupuestos de 2015 aprobados por Ana Botella. Esperemos que el nuevo gobierno de la ciudad no intente hacer pasar por nueva Oficina contra los Delitos de Odio un servicio que ya prestaba deficientemente el anterior equipo, y se comprometa a realizar una política de prevención más allá de los símbolos arcoíris. Porque entre tanto las agresiones siguen teniendo lugar en las calles de nuestro Madrid.

Por otra parte, desde el Gobierno Regional, en cuya sede también se colocó nuestra bandera, Cristina Cifuentes ha comenzado una carrera para tratar de arrebatarle a Carla Antonelli el título de compromisaria mayor por la defensa de los derechos de la Diversidad Sexual y de Género. Mientras la diputada socialista, junto a Beatriz Gimeno, de Podemos, y Eva Borox, de Ciudadanos, registraban una Ley Integral de Transexualidad elaborada junto a los colectivos, Cifuentes registró sus propias leyes Trans, a la que las tres diputadas han presentado ya enmienda a la totalidad, y LGTB, que recibirá próximamente más de cien enmiendas. Este postureo preelectoral del Partido Popular no convence a nadie, claro está, pero aunque sea una gran mentira se agradece que nuestros derechos traten de defenderse más allá de los gestos. Lo extraño es que a Carmena se la invitara a hablar en el escenario del Orgullo y no a Cifuentes, cuando su compromiso simbólico es el mismo, y -aunque cueste decirlo- mayor, en lo legislativo, por parte de la segunda. Supongo que el recurso de la vergüenza contra el Matrimonio Igualitario sigue pesando, aunque Oyarzábal se empeñe en que miremos hacia otra parte.

Más que el oportunismo electoral de los populares, sorprendente pero no excesivamente extraño, me preocupa que la “nueva” izquierda opte también por la política de los gestos sin que vayan acompañados de acciones reales y concretas para atajar una problemática social como son las agresiones a personas LGTB. Como posible víctima, espero que el Ayuntamiento de Madrid ofrezca cuanto antes una respuesta más allá de colocarme a modo de cospedalesca peineta un cartel que diga “respeta la diversidad y no mates a este maricón”, como ha hecho con el caso de la basura. Porque un Ayuntamiento digno debe velar por la seguridad de su ciudadanía implicándose realmente en erradicar los problemas que afectan a sus vecinos, y su obligación es mayor que responsabilizar a los propios vecinos de sus acciones. Las instituciones deben ser activas en la lucha contra la intolerancia y reconocerse responsables de la seguridad y dignidad de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales con políticas concretas, no sólo simbólicas.

Por eso espero mucho más de Manuela, no sólo que nos cocine los dulces con los que obsequia a Aguirre en sus reuniones para que, desprotegidos y abandonados por las instituciones, arriesgándonos a diario cada vez que pisamos la calle, creamos ser felices y estar seguros mientras mordemos con amargura sus magdalenas contra la homofobia.