La semana pasada el Partido Popular y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones al Parlamento Vasco de abril. Cuando dos partidos se coaligan antes de unas elecciones se sobreentiende que el objetivo es enfrentarse a las urnas en mejores condiciones. Sin embargo, a veces, las razones que empujan a los partidos a formar coaliciones van más allá de unas determinadas elecciones. Este es el caso del acuerdo del PP y Ciudadanos en el País Vasco.

No hay razones sustantivas ni cifras que avalen el acuerdo si se piensa únicamente en las elecciones vascas. Es cierto que los firmantes han esgrimido la necesidad de crear un frente ante la amenaza que supone el nacionalismo. Sin embargo, en el caso del País Vasco, no parece plausible que una victoria del PNV anunciada por las encuestas vaya a poner en riesgo el orden constitucional. Sin ir más lejos, hace escasos dos años, el PNV era uno de los socios preferentes del PP que sostuvieron el gobierno de Rajoy. Tampoco se entiende que hace tres años, cuando España atravesaba la mayor crisis territorial de su historia reciente, no se planteara un pacto de similares características para concurrir a las elecciones catalanas de diciembre de 2017.

Los números tampoco avalan el acuerdo. Las últimas encuestas otorgaban a Ciudadanos en torno al 1% de los votos, los que sumado a los votos del PP (7%)  apenas afectaría a la suma de escaños. Y esto en el mejor de los casos, ya que la suma de las siglas no garantiza la suma de los votos. Tampoco existen indicios que sustenten la teoría de que los votantes de Vox (2%) vayan a apoyar masivamente a PP+Cs.

Esta coalición es el resultado de intereses dispares: el PP busca recuperar la hegemonía de la derecha, mientras que Ciudadanos simplemente quiere sobrevivir a un ciclo electoral —elecciones gallegas, vascas y, previsiblemente, catalanas— para el que no está preparado.

Para el PP se trata de un acuerdo estratégico, pensado para alcanzar su objetivo en el medio plazo: absorber a la base electoral de Ciudadanos. En el PP, que sienten la presión de Vox, quieren acabar cuanto antes con la posibilidad de que Ciudadanos recupere espacio electoral en el centroderecha. Para ello forman esta coalición, en la que son el socio mayoritario, lo que permite difuminar a Ciudadanos. Los populares quieren que los electores de centroderecha entiendan que apenas hay diferencias entre ellos y Ciudadanos, con una salvedad: el PP puede ganar unas elecciones.

No obstante, aunque la estrategia pueda tener sentido en términos generales, no tiene por qué entenderse en los territorios. Y menos cuando la dirección local está enfrentada a la nacional. Es lo que ha ocurrido con el PP Vasco. El acuerdo, que fue negociado por las direcciones nacionales, fue rechazado por la dirección del PP Vasco: ¿para qué iban a ceder varios puestos de salida en las listas a un partido que apenas cuenta con votos para lograr un diputado?

La resistencia a firmar el acuerdo por parte de Alfonso Alonso se ha saldado con su sustitución como candidato a lehendakari y posterior dimisión como presidente del PP vasco. El nombramiento de su sustituto, Carlos Iturgaiz —eurodiputado de la línea más dura del PP que ya fue candidato en 1998—, supone otro movimiento estratégico de la dirección de Pablo Casado en su afán por controlar los territorios que cuestionan su liderazgo.

Para Ciudadanos se trata de un acuerdo táctico, pensando en cómo sobrevivir en el corto plazo. Tras la debacle sufrida en las elecciones de noviembre y la dimisión de Albert Rivera, Ciudadanos vive en un proceso de descomposición interna. El partido que hace un año disputaba al PP el liderazgo de la derecha ahora lucha por sobrevivir. Una asamblea será la encargada de elegir a la nueva dirección a mediados de marzo, dos semanas antes de las elecciones en Galicia y el País Vasco. En esta situación Ciudadanos quería alcanzar un acuerdo global que incluyera las tres elecciones autonómicas, una forma de camuflar la descomposición que sufre el partido.

Habrá que esperar al día de las elecciones para hacer una primera evaluación de los resultados del acuerdo, aunque no será hasta dentro de unos meses cuando realmente podamos hacer balance sobre el valor de este acuerdo electoral en la batalla por la hegemonía en la derecha española.

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