Uno de los principios económicos más básicos de nuestro sistema neoliberal actual dicta que la libre competencia hace que el producto sea mejor y más barato, ya que con un mercado liberado las empresas deben ofrecer un producto con dichas características para el consumidor y, si no lo hacen, éste buscará otra empresa que le ofrezca mejores condiciones. ¿Es esto cierto?

A pesar de los numerosos estudios que se han llevado a cabo para probar esta teoría como verdadera, lo más probable es que no sea así y hay dos ejemplos claros que lo demuestran. El primero se refiere a nuestros bancos: ¿cuánta gente está descontenta con el banco en el que almacena su dinero? A pesar de ser un número considerable de personas, muy pocas dan el paso a cambiar de banco, ya sea por costumbre, por pereza o por desconfianza hacia lo desconocido. Lo mismo ocurre con la compañía de la luz, el gas o la telefonía móvil, aunque estas empresas probablemente sí hayan tenido en cuenta dichos factores, ya que cada cambio de compañía suele requerir largas llamadas, colas o papeleo que dificultan el cambio.

El segundo factor tiene que ver con la mejora del servicio: ¿es el servicio de luz mejor ahora que en los años 90 gracias a que se ha liberalizado dicho servicio? ¿Tenemos menos apagones? ¿Funciona mejor el teléfono ahora que hace 30 años? ¿Son los empleados del banco más amables? La respuesta es no, a pesar de los grandes avances que se han hecho en tecnología y el aumento del número de empresas que ofrecen un mismo servicio

 La rápida expansión de esta ideología en Europa fue provocada tanto por el empuje del lobby inglés y su influencia en la política económica de la Unión Europea como por la mala gestión que se hacía de los entes públicos -en general por políticos corruptos que los malvendían a cambio de favores-. La consecuencia que vemos hoy en día es que las empresas que se limitaban a dar un servicio básico al ciudadano prácticamente no existen, porque ahora todo debe estar ligado al beneficio posterior que dicho servicio produzca.

 Además, en el caso de los entes privados, como estamos viendo en la actualidad, prevalece el interés propio por encima de cualquier vulneración de derechos humanos, lo que está causando un retroceso en los principios fundamentales del Estado de Bienestar que habían guiado anteriormente nuestras sociedades. Asimismo  y siempre guardando el interés propio como principio fundamental, las empresas privadas son expertas en pagar el mínimo de impuestos, con lo que las arcas públicas se encuentran cada vez más mermadas y los servicios que deben brindar –pensiones, paro, investigación- precarizados.

En pleno vodevil neoliberalista, la Comisión Europea y otros entes internacionales tratan de erigirse como salvadores de nuestros derechos y se encargan de perseguir los monopolios y sancionarlos. En ciertos casos, es cierto que este mecanismo ha sido de gran utilidad y ha evitado que grandes multinacionales se fusionen creando hidras imposibles de controlar, pero también es verdad que con ello buscan a su vez criminalizar las empresas nacionales que tienen el monopolio en la distribución de recursos básicos, como puede ser el agua. Conjuntamente, en pleno ataque a los monopolios -en los que nos imaginamos al Tío Gilito o al señor Burns haciendo un uso abusivo de poder- se nos acaban olvidando los oligopolios, que pueden resultar igual de peligrosos y que a pesar de que han sido también castigados alguna vez, la dureza no es ni mucho menos comparable y sus beneficios se mantienen igualmente elevados. ¿Cuántas veces han pactado las grandes empresas de telefonía los precios? ¿Por qué la luz sigue siendo tan cara? Vivimos en un mundo en el que el poder no está en manos de uno, sino de unos cuantos que se muestran competidores de cara al gran público pero que, entre bastidores, se entienden bastante bien.

Por ello resulta más interesante volver a aceptar la presencia de monopolios que pueden ser, simplemente, empresas públicas que no buscan un beneficio en su obligación de brindar un servicio básico al ciudadano. ¿Nadie hace hincapié en el ahorro que supondría no tener que pagar sobresueldos a todos los directivos? ¿Y si no fueran más que empleados públicos, con sueldos de funcionarios, y nos ocupáramos de prevenir la corrupción rampante que a veces se genera en las instituciones públicas, en lugar de venderlas y desembarazarnos del problema? Volver a creer en lo público es un reto enorme en un mundo completamente capitalizado donde el socialismo cada vez tiene menos cabida. Sin embargo, de ello depende únicamente la supervivencia del Estado de Bienestar que nos ha llevado tan lejos.

Javier Quevedo
(Madrid, 1991) tiene un grado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y un Máster en Estudios Europeos por la Universidad Libre de Bruselas. Si fuera por curiosidad, continuaría estudiando toda su vida, pero por ahora centra su interés en los movimientos sociales y la UE.

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