Viernes, 27 de octubre de 2017. Sin duda, un día histórico para la España y Cataluña contemporáneas. Era impensable hace unos años, unos meses, unas semanas, o hace apenas veinticuatro horas, lo que ha acabado pasando en Cataluña. Ha sido un sinfín de juegos de palabras e intenciones por parte de dos Presidentes de dos ejecutivos diferentes, uno del Gobierno Central y otro del gobierno autonómico de Cataluña. Y no debemos hablar de palabras como quien hace oídos sordos, sino porque cada palabra que lanzaba cada uno de estos dos actores políticos llevaba un dardo envenenado de intenciones políticas. Un dardo repleto de vacíos legales, donde han exprimido al completo el ordenamiento jurídico de España y Cataluña, desde la Constitución de 1978 hasta el propio Reglamento del Parlament autonómico. Aprovechar los resquicios legales no es políticamente incorrecto, según desde la perspectiva desde donde se analice, pero sí que lo es aplicar a la legalidad jurídica unos determinados tintes políticos, lo cual no se debería justificar por parte de ningún partido o gobierno.
Pero fuera del debate académico constitucional y de las críticas sociales al Gobierno Central y a la Generalitat, nos encontramos con una esperpéntica Declaración Unilateral de Independencia, hasta para los sectores más cercanos a la izquierda política española. Se ha visto la división de la sociedad catalana en la representación de sus diputados del Parlament. Dimisiones a granel de diversos cargos políticos, la duda y el miedo de los funcionarios de las Administraciones Públicas de Cataluña, así como un cambio inminente en la aplicación del Reglamento del Parlament (discrecionalidad, de nuevo) para realizar la votación, a favor o en contra de la DUI, en secreto por la tan polémica disciplina de partido a la hora de emitir el voto parlamentario.
Es curioso, en menos de un mes hemos tenido dos hechos claves en el panorama político: el ‘referéndum’ que intentó celebrar la Generalitat durante el 1 de octubre para decidir el futuro de la soberanía de Cataluña, y el último viernes de octubre, donde se ha aprobado la Declaración Unilateral de Independencia. La primera, acabó en un conflicto que enfrentó a partidos y sectores de la sociedad, y la segunda, que ha conseguido aglutinar a la gran mayoría de la sociedad a favor de la Ley y la democracia. Es decir, la legitimidad con la que contaban los nacionalistas catalanes para votar pacíficamente ha sido dinamitada por una estrategia errónea del Gobierno catalán: la pasividad de respuesta por parte de Carles Puigdemont ante los requerimientos previos a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, así como con la falsa legitimación para declarar la independencia sin el apoyo real y efectivo de la sociedad catalana.
Y con todo este número de la Declaración Unilateral de la Independencia, cobra más sentido que nunca la frase tan común que se usaría durante las protestas de Mayo del ’68: “Cuando el Parlamento es un teatro, los teatros deben ser Parlamentos”.
